Barreras en la implementación de la Ley 2046 de 2020 y decreto 248 de 2021 en la eficiencia de las compras públicas de alimentos e inclusión de pequeños productores agropecuarios en el municipio de Villavicencio

Abstract

Este proyecto busca identificar y analizar las barreras que dificultan la implementación de la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021 en el municipio de Villavicencio. Estas normativas exigen que al menos el 30 % de los alimentos comprados por entidades públicas provengan de pequeños productores agropecuarios. Más allá de cumplir con ese porcentaje, lo que realmente se busca es abrirle las puertas del mercado institucional a los campesinos, mejorar sus condiciones de vida y promover el desarrollo rural. Sin embargo, en la práctica, muchos productores siguen sin poder participar activamente. Las razones son diversas: falta de infraestructura, escaso acceso a crédito, poca formación técnica y desconocimiento de cómo aplicar a las compras públicas. Según la Agencia de Desarrollo Rural (2021), solo el 15 % de ellos está vinculado actualmente a este tipo de procesos. Frente a esta realidad, el proyecto se propone responder una pregunta clave: ¿qué está fallando y cómo se puede mejorar? Para ello, se analizarán experiencias exitosas en otros países y casos concretos que han logrado integrar a los pequeños productores al sistema de compras estatales, reduciendo intermediarios y generando mayores beneficios. En esencia, esta investigación quiere que la ley deje de ser solo una buena intención y se convierta en una herramienta real para transformar el campo. Porque detrás de cada norma hay personas que merecen oportunidades, reconocimiento y una participación justa en la economía pública.

This project aims to identify and analyze the barriers hindering the implementation of Law 2046 of 2020 and Decree 248 of 2021 in the municipality of Villavicencio. These regulations mandate that at least 30% of the food purchased by public entities must come from small-scale agricultural producers. Beyond meeting this percentage, the real goal is to open access for small farmers to institutional markets, improve their living conditions, and promote rural development. However, in practice, many producers are still unable to participate actively. The reasons are varied: lack of infrastructure, limited access to credit, insufficient technical training, and a lack of knowledge about how to engage in public procurement. According to the Rural Development Agency (2021), only 15% of these producers are currently involved in such processes. In light of this situation, the project seeks to answer a key question: what is going wrong, and how can it be improved? To do this, the study will analyze successful international experiences and real cases where small producers have been effectively integrated into state procurement systems, reducing intermediaries and increasing benefits.