Abstract:
Desde el panorama estatal les corresponde a los entes territoriales la provisión de bienes y
servicios para la población en común. Específicamente lo que corresponde a la provisión de seguridad,
convivencia y justicia, suponen los valores de importancia para que el crecimiento económico y social de
los territorios redunde en la generación de empleo e inversión territorial, principalmente de carácter
privado. La provisión de estos servicios, especialmente en lo concerniente a la atención y resolución de
conflictos entre personas, contravenciones y casos de violencias relacionadas al maltrato, el abuso y la
violencia intrafamiliar, presentan a hoy día una problemática que se presenta con la implementación de
iniciativas de descongestión judicial que deben ser llevadas a cabo desde los Mecanismos Alternativos
de Solución de conflictos y la administración de un nivel de justicia que hace parte del ámbito preventivo
y a atención de las contravenciones y controversias que se presentan antes de convertirse en presuntos
delitos tipificados por el código penal colombiano. El propósito de este ámbito de implementación del
servicio de justicia administrativa y alternativa, nace como respuesta a la congestión judicial por la
llegada de casos que pudieron ser resueltos en instancias conciliatorias o administrativas que atañen a
los entes territoriales. No obstante entidades territoriales de ciudades capitales como Ibagué presentan
dificultades en la atención de este tipo de controversias que aun no escalan al ámbito judicial, lo que ha
provocado el aumento de procesos por medidas correctivas represados en las oficinas de inspectores,
corregidores y en casos de vulneración de derechos, en lo que atañe a la vulneración de derechos en
niños, niñas adolescentes y mujeres.
