"La corrupción en Colombia se encuentra en diferentes funciones estatales y va ligada también
al sector privado. En la contratación estatal se observa mayor injerencia de esta mala práctica, en
especial por la ejecución de los recursos públicos. Por ello, la problemática de usar procesos
licitatorios con esquemas que beneficien intereses particulares, al punto que las mismas empresas
tienden a realizar cambios a los términos contractuales, a pagar sobornos, crear monopolios o
manipular información para favorecimiento de contratos, es cada vez más frecuente, que restringe
la libre competencia y marcan una posición dominante al ser únicos proponentes en proyectos
públicos.
La Ley 80 de 1993 da un marco normativo de lo concerniente a la contratación estatal. Un
Estado débil da oportunidad a la corrupción, por sus falencias e ineficiencias en los sistemas de
control político, por la injusticia e impunidad, dificultades para desagregar funciones públicas
(descentralización), y una escasa participación ciudadana en las decisiones públicas. Los graves
escándalos ocurridos en los últimos años, como los casos de Dragacol, Reficar y Odebrecht, han
generado una ola de desconfianza y malestar de los ciudadanos, en las instancias del poder
político e incluso en el mismo sistema económico."
Corruption in Colombia is found in different state functions and also linked to the private
sector. In the state contracting, the greater intervention of this practice is observed, especially for
the execution of public resources. Therefore, the problem of using bidding processes with
schemes that benefit particular interests, to the point that good companies, to make changes to
contractual terms, to pay bribes, create monopolies or manipulate information to favor contracts,
is increasingly frequent, that restricts free competition and marks a dominant position in being
proponents in public projects.
Law 80 of 1993 gives a normative framework concerning the state contracting. A weak State
of opportunity, its failures and inefficiencies in the systems of political control, by injustice and
impunity, the difficulties in disaggregating public functions (decentralization), and scarce citizen
participation in public decisions. The serious scandals that have occurred in recent years, such as
the cases of Dragacol, Reficar and Odebrecht, have generated a wave of mistrust and discomfort
among citizens, in the instances of political power and even in the economic system itself.